Una jueza federal suspendi\u00f3 el intento del Gobierno de Trump de\u00a0acelerar la deportaci\u00f3n de inmigrantes<\/b>\u00a0que ingresaron legalmente a Estados Unidos a trav\u00e9s de programas de parole (o autorizaciones de permanencia humanitaria), lo que representa una victoria para los grupos defensores de los derechos de los extranjeros.<\/p>\n
El fallo impide temporalmente que el Gobierno deporte a personas a quienes se les concedi\u00f3 parole en los puertos de entrada y que posteriormente fueron detenidas a pesar de tener documentos v\u00e1lidos, empleos u otras formas de alivio pendientes.<\/p>\n
\u201cEn un mundo de malas opciones, actuaron conforme a las reglas\u201d<\/b>, escribi\u00f3 la\u00a0jueza Jia Cobb<\/b>, designada por el expresidente Joe Biden. \u201cAhora, el Gobierno no solo ha cerrado esas v\u00edas para los reci\u00e9n llegados, sino que tambi\u00e9n ha cambiado las reglas para las personas con parole que ya se encuentran aqu\u00ed\u201d.<\/p>\n
\u201cLa pregunta subyacente de este caso\u2026 es si las personas con parole que escaparon de la opresi\u00f3n tendr\u00e1n la oportunidad de defender su caso dentro de un sistema de reglas\u201d, escribi\u00f3 Cobb. \u201cO, alternativamente, \u00bfser\u00e1n deportadas sumariamente de un pa\u00eds que\u2026 podr\u00eda parecerse cada vez m\u00e1s a los pa\u00edses de los que intentaron escapar?\u201d<\/p>\n
En su opini\u00f3n, Cobb dictamin\u00f3 que la pol\u00edtica probablemente viola el estatuto de deportaci\u00f3n acelerada y es \u201carbitraria y caprichosa\u201d seg\u00fan el derecho administrativo. La suspensi\u00f3n permanecer\u00e1 vigente mientras se tramite la demanda.<\/p>\n
La orden formal suspende la aplicaci\u00f3n de tres directivas de la era Trump: un memorando de Seguridad Nacional de enero, una directiva del\u00a0Servicio de Inmigraci\u00f3n y Control de Aduanas<\/b>\u00a0de febrero y la cancelaci\u00f3n en marzo de los programas de parole humanitario para cubanos, haitianos, nicarag\u00fcenses y venezolanos. El fallo de Cobb se aplica espec\u00edficamente a las personas a las que previamente se les concedi\u00f3 la autorizaci\u00f3n de permanencia en los puertos de entrada.<\/p>\n
Este caso marca uno de los primeros cuestionamientos judiciales importantes a la pol\u00edtica migratoria bajo el segundo mandato del presidente Donald Trump y es ampliamente visto como un indicador de c\u00f3mo los\u00a0tribunales federales<\/b>\u00a0interpretar\u00e1n el poder ejecutivo luego de la decisi\u00f3n de la\u00a0Corte Suprema en Trump v. CASA<\/b>, que redujo el alcance de los mandatos judiciales a nivel nacional.<\/p>\n
El eje central de la demanda es la decisi\u00f3n del Gobierno de aplicar la\u00a0\u201cexpulsi\u00f3n acelerada\u201d<\/b>\u00a0a los migrantes que ingresaron legalmente y cumpl\u00edan con las instrucciones del Gobierno. Bajo las nuevas directrices emitidas esta primavera, los agentes del ICE comenzaron a detener a las personas con este beneficio fuera de los tribunales y en los puestos de control, a menudo sin permitirles acceso a abogados.<\/p>\n
Los abogados defensores advirtieron que la pol\u00edtica podr\u00eda poner en riesgo de deportaci\u00f3n sumaria a m\u00e1s de dos millones de personas, incluyendo a muchas que llegaron a Estados Unidos huyendo de la persecuci\u00f3n y que buscaban v\u00edas legales para quedarse.<\/p>\n
Los demandantes, liderados por la\u00a0Coalici\u00f3n por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA, por sus siglas en ingl\u00e9s)<\/b>, CASA y UndocuBlack, argumentaron que el Departamento de Seguridad Nacional viola la Ley de Inmigraci\u00f3n y Nacionalidad al tratar a los migrantes con parole como si hubieran ingresado ilegalmente. Su demanda tambi\u00e9n plantea inquietudes sobre el debido proceso, alegando que la nueva pol\u00edtica pone en peligro a las comunidades vulnerables sin darles la oportunidad de ser escuchadas.<\/p>\n
Hillary Li<\/b>, abogada que representa a los demandantes, afirm\u00f3 que los grupos est\u00e1n \u201cprofundamente comprometidos con la protecci\u00f3n de nuestras comunidades de los perjuicios de la deportaci\u00f3n acelerada\u201d y a\u00f1adi\u00f3 que est\u00e1n\u00a0\u201cagradecidos de que el tribunal haya reconocido que esta pr\u00e1ctica es ilegal\u201d.<\/b><\/p>\n
El caso forma parte de una batalla legal m\u00e1s amplia sobre hasta qu\u00e9 punto puede llegar el poder ejecutivo para desmantelar las pol\u00edticas de inmigraci\u00f3n y \u201cparole\u201d de la era Biden.<\/p>\n
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